A menos de tres meses del inicio del juicio por 87 casos de estafas contra el consultor económico marplatense, la Fiscalía de Delitos Económicos lleva otra causa con más víctimas y solicitó a Estados Unidos y Uruguay información financiera del imputado y su socia.
El periodista especializado en mercados financieros Daniel Viglione, a menos de tres meses de que inicio el juicio en su contra por 87 casos de estafas, enfrenta otro problema: en una nueva causa, la Justicia solicitó información financiera a diversos países en busca de activos que podría tener en el extranjero y que podrían ser producto del lavado de activos.
El fiscal David Bruna prepara el juicio contra Viglione y su socia María Larsen, que comenzará el 20 de mayo y que se extenderá por un mes.
Viglione está acusado de haber estafado cerca de 3.800.000 de dólares y se le imputan 87 casos de estafas que afectaron a más de 100 personas y por las que podría recibir una pena de hasta 50 años de prisión.
También está acusada la ex socia de Viglione, María Larsen, quien irá a juicio imputada como “coatura” en 3 casos y “partícipe primaria” en 55 hechos.
Paralelamente es esta instrucción, surgieron nuevas denuncias contra Viglione por estafas que no pudieron ser incorporadas a la causa antes de la elevación a juicio.
En esta nuevas denuncias, la hipótesis delictiva se repitió: Viglione prometía ganancias de entre el 30 y 40 por ciento anual, siempre en moneda extranjera.
Esta nueva causa está a cargo del otro titular de la Fiscalía de Delitos Económicos, Javier Pizzo, quien, comenzó a investigar más allá de las estafas y comenzó a rastrear el dinero y los activos de Viglione y Larsen.
En cuanto al dinero y los activos de los imputados, hay dos grandes hipótesis desde un inicio de la investigación: que existen cuentas bancarias en Estados Unidos y en Uruguay y que, además, en el vecino país existe un balneario a nombre de Larsen.
Pedidos de información al exterior
Pizzo envió una serie de exhortos para solicitar información tanto a Uruguay, como a Estados Unidos, correspondiente a la actividad financiera en esos países de Viglione, Larsen, sus familias, las víctimas y una sociedad anónima llamada Honey.
Al juez en turno en lo Penal de Uruguay le solicitó que arbitre los medios conducentes para producir las medidas probatorias necesarias para la causa.
En primera medida, el fiscal marplatense necesita que la Justicia uruguaya notifique al responsable legal del Banco Bilbao Viscaya de Uruguay y consiga información de los involucrados en la causa, sobre todo saber si Viglione y Larsen resultan clientes de esa entidad bancaria y si registran o registraron cuentas corrientes, cajas de ahorros, plazos fijos, cajas de seguridad, o cualquier tipo de activo o inversión.
Además, le solicita al responsable legal del Banco Bilbao Viscaya de Uruguay un informe con la titularidad de tres números de cuentas puntuales, que podrían estar vinculados con la estafa y el lado de activos.
El fiscal Pizzo también solicitó que ubiquen al encargado bancario de BBVA de Montevideo, a los fines de tomarle declaración testimonial para que diga si conoce o no a Viglione y Larsen. Y, si es así, qué tipo de vínculo lo une: si es laboral, que indique si conoció los movimientos bancarios.
Otro de los pedidos importantes a Uruguay fue a la agencia estatal de registración de inmuebles de ese país, para que informe si en ese organismo existen registrados bienes a nombres de Viglione o Larsen y, de ser así, indicar domicilio y valuación fiscal.
Sobre esto, siempre hubo sospecha de que Larsen era propietaria de un complejo turístico en Uruguay. De hecho, el abogado que representa a un grupo de víctimas en el juicio, Julio Razona, aseguró que Larsen “posee un lujoso complejo turístico valuado entre 2,5 y 3 millones de dólares”, llamado “Luces de la Paloma”.
Durante la investigación surgió el nombre de una sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada que habría sido utilizada por los imputados en su compleja mecánica para estafar a las víctimas.
El titular de la Fiscalía de Delitos Económicos solicitó a la Justicia uruguaya que le informen si esa sociedad está registrada en ese país, quiénes son sus miembros, qué capital posee, cuál es su estatuto y cómo es su contrato social.
Por otra parte, a la Justicia de Estados Unidos, a través de la Corte Suprema de la Nación, el fiscal Pizzo solicitó información de Viglione en bancos de Nueva York, donde, según les aseguraba a las víctimas, les abría cuentas para depositarles sus “ganancias”.